Exigimos:
Que erradicar la violencia machista sea una CUESTION DE ESTADO, que tenga prioridad absoluta, de manera que toda la sociedad y sus organizaciones e instituciones se comprometan en erradicar esta lacra social.
Que se destinen recursos y presupuestos suficientes para garantizar la prevención y la protección de las víctimas.
Que se cumplan las recomendaciones que en su informe hace al Gobierno el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), que señala el alto nivel de violencia a pesar de la legislación progresista y urge a mejorar la respuesta institucional para la atención, protección y prevención. Así como, a implementar el Convenio de Estambul ya suscrito por España, pero no aplicado, que reconoce todas las formas de violencia de género (no solo en la pareja o ex pareja).
Es imprescindible y urgente una gran movilización social porque mientras no pueda garantizarse el derecho a una vida libre de violencias machistas, no podremos hablar de democracia plena para las mujeres.
El CGTS considera que las violencias machistas son la manifestación más violenta de la desigualdad de género y suponen la más grave violación de los derechos humanos que padece nuestra sociedad. Por ello, combatir la desigualdad y la violencia de género debe ser uno de los ejes básicos de las políticas de intervención social.
Los hechos demuestran la magnitud del problema, más de 800 mujeres asesinadas en los últimos diez años (y esto es solo la punta del iceberg), son las violencias más impactantes, pero hay otras más invisibles (abusos, gritos, acoso, etc.). A pesar de la Ley Integral del 2004 y las leyes Autonómicas, la incidencia de violencia machista, según la Macro-encuesta 2015, sigue siendo extremadamente preocupante:
• EL 12,5% de las mujeres entre 16 y 65 años ha sufrido violencia física y/o sexual alguna vez, siendo el 10,5% violencia física.
• La violencia psicológica en jóvenes menores de 20 años llega al 25%.
• Solo denunciaron el 26,8% de las que sufrieron violencia física
• Solo un 45% de las mujeres que ha sufrido violencia de género ha acudido a algún servicio de ayuda: 29,22% salud mental; 22,36% centro de salud; 15,97% asistencia legal; 13,13 servicios sociales; y, 3,95% teléfono 016.
Los/as profesionales del Trabajo Social estamos en primera línea de atención, de ahí, que se requiere formación específica con perspectiva de género de los y las profesionales que actúan en la atención directa, para evitar la victimización secundaria y tener presente las dificultades que pueden tener las mujeres para solicitar ayuda y tomar decisiones.
Somos los/as trabajadoras/es sociales quienes en muchos casos hacemos la recepción y la primera entrevista, debiendo ofrecer una buena acogida (conforme a nuestro código ético), que permita la detección y la atención ante la violencia de género, que ofrezca a las víctimas información, orientación, asesoramiento, gestión de recursos, y que posibilite un trabajo posterior de acompañamiento en la toma de decisiones.
La intervención desde los sistemas públicos de protección: el sanitario, el educativo y el de servicios sociales comunitarios y especializados son fundamentales para la prevención y la atención a la violencia de género: por eso resultan muy preocupantes los recortes sistemáticos de los últimos años, que muestran una realidad bien distinta de la información oficial, y contra lo que también alerta la CEDAW en su informe.
En los Presupuestos Generales del Estado para el 2016, el Programa Igualdad Oportunidades del IM baja el 5,22%, y el programa contra la Violencia de Género sube un 6,3%, pero baja el 10,92% respecto a 2009.
A estos hay que sumarle los recortes de comunidades autónomas como la de Madrid, que redujo su presupuesto para violencia de género un 49% en cinco años, además de la desaparición de puntos de encuentro.
La reforma de la Administración Local hace muy difícil que los ayuntamientos cumplan con su papel de administración cercana a la ciudadanía y de ser un recurso imprescindible para la prevención y atención integral a la violencia de género, ya que sólo podrán prestar servicios sociales para situaciones de emergencia, la promoción de la igualdad y prevención de la violencia está vinculada a que delegada por la CCAA si dispone de suficiencia presupuestaria.
Por todo ello consideramos que es fundamental establecer la dotación económica necesaria para contar con servicios especializados, con recursos adecuados y suficientes y con profesionales formados para garantizar el apoyo psicosocial y la información de los derechos de las víctimas y sus hijos e hijas; así como restablecer las competencias municipales de igualdad para la asistencia integral a mujeres en violencia de género.
Acabar con la violencia machista es una responsabilidad colectiva, en la que el Trabajo Social, como profesión que se fundamenta sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad y la igualdad y el respeto de los Derechos Humanos tenemos la oportunidad y el compromiso profesional de implicarnos para erradicar la violencia de género, desarrollando modelos de convivencia basados en el respeto y la resolución pacífica de los conflictos. Teniendo como principios generales la justicia social, la igualdad de oportunidades y derechos, y la convivencia pacífica.
Por todo ello, apoyamos y os llamamos a participar en
LA MARCHA ESTATAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS EL 7 DE NOVIEMBRE 2015
12h. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Paseo del Prado, 18) hasta Plaza de España.
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