En el Día Mundial de la Infancia, desde la Comisión de Infancia y Adolescencia del COTS Granada quiere recordar la importancia de la defensa de los sistemas de protección social como herramienta indispensable para el reconocimiento y ejercicio de derechos, siendo de vital importancia para la población más precarizada y vulnerada como es la infancia.
En el año 2023, según datos de Unicef, dos tercios de los objetivos mundiales sobre los derechos y el bienestar de la infancia están retrasados con respecto al plazo de 2030. En el informe refiere que a penas el 6% de la población infantil vive en países donde ese ha cumplido con el 50% de las metas relacionadas con la infancia en ODS.
Es de especial mención la violación de derechos humanos que sufren los niños y niñas a causa de conflictos armados, siendo 2023, un año trágico con las guerras de Ucrania y Gaza. Pero no por ello olvidamos el resto de conflictos armados sin cobertura mediática a nivel mundial, donde la infancia sufre las violencias más atroces siendo utilizados como soldados, violencias sexuales, malos tratos, explotación, desplazamientos forzados o la denegación de ayuda humanitaria, entre otras violencias.
No olvidamos tampoco el cambio climático como uno de los elementos a incorporar en nuestros análisis, así como en el diseño de políticas sociales, cuyos efectos están teniendo efectos sobre la población mundial, pero especialmente sobre aquella infancia expuesta al riesgo de desplazamiento en países que ya se enfrentan a crisis superpuestas como los conflictos y la pobreza, y donde las capacidades locales para hacer frente a cualquier desplazamiento adicional de niños y niñas son bastante limitadas.
Estos datos arrojan una ligera idea de la importancia que los Estados tienen en blindaje de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos, requiere de la existencia de Estados implicados en el diseño de políticas que respeten los derechos humanos y favorezcan su ejercicio a través de servicios públicos universales. Para ello, la toma de decisiones debe estar alineada con las normas internacionales en materia de protección a la infancia, tanto dentro de sus fronteras como fuera de éstas. En una sociedad cada vez más global, no podemos obviar que nuestras decisiones tienen repercusiones en la defensa o vulneración de derechos humanos en terceros países.
Así mismo, como profesionales del trabajo social, reconocemos la responsabilidad y capacidad para trazar estrategias de resistencia contra la violación de derechos humanos, siendo nuestro deber la denuncia de su incumplimiento, así como la articulación de respuestas profesionales que prioricen el ejercicio de derechos de las personas, y en este caso, de las niñas y niños, tanto en contextos locales, como a nivel internacional, desde las violencias más sutiles hasta las violencias más infames.
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