

El 24 de junio de 2022, unas 2.000 personas, muchas de ellas procedentes de Sudán y Chad, intentaron cruzar la frontera entre Nador y Melilla. Lo que encontraron fue una respuesta violenta y desproporcionada por parte de las autoridades marroquíes y españolas. El paso fronterizo del Barrio Chino se convirtió en una trampa mortal: al menos 27 personas murieron, más de 70 siguen desaparecidas y cientos fueron detenidas o heridas.
La mayoría eran posibles solicitantes de asilo. Pero no se les dio la oportunidad de pedir protección, ni se identificó a menores ni a personas especialmente vulnerables. Se les expulsó sin garantías, en caliente y sin miramientos. Todo eso está prohibido por el derecho internacional. Aún así, nadie ha rendido cuentas.
Lo que pasó aquel día no fue un error. Fue el resultado de una política migratoria basada en la violencia y el racismo, en la que las vidas negras y pobres se consideran desechables. Las fronteras están diseñadas para excluir, para castigar, para dejar morir.
Desde el trabajo social no podemos mirar hacia otro lado. Nuestro compromiso con los derechos humanos y la dignidad nos obliga a decirlo claro: esto fue una masacre, y sigue sin justicia.
A tres años del 24J, exigimos verdad, reparación y responsabilidades. Porque callar también es colaborar.