Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada queremos mostrar nuestro apoyo a las mujeres afectadas por los retrasos en el diagnóstico de cáncer de mama en Andalucía, y respaldar las acciones emprendidas por la asociación Amama que prepara una demanda colectiva contra la Junta de Andalucía. Lo ocurrido no es un error puntual, sino la consecuencia directa de una política sanitaria que lleva años debilitando lo público mientras favorece la privatización progresiva del sistema.
El tiempo es determinante en la detección del cáncer de mama. Los retrasos en las pruebas diagnósticas no sólo aumentan el sufrimiento, sino que ponen en riesgo vidas. No hay forma de justificar una planificación tan deficiente que haya obligado a miles de mujeres a esperar meses para acceder a un cribado o una cita médica. Es una negligencia grave, con consecuencias que trascienden lo administrativo y que deben tener también responsabilidades políticas y, si procede, judiciales.
Desde el trabajo social sabemos lo que supone vivir la enfermedad desde la incertidumbre, la desigualdad y la falta de respuesta institucional. Por eso exigimos una sanidad pública fuerte, dotada de personal suficiente y de recursos estables, que garantice el derecho a la salud en igualdad de condiciones y sin depender del poder adquisitivo.
Los recortes tienen rostro y nombre. Los datos de inversión y de pérdida de profesionales en el sistema público no son cifras abstractas: se traducen en diagnósticos tardíos, tratamientos que no llegan a tiempo y familias que enfrentan solas procesos devastadores.
Defender la sanidad pública es una cuestión de justicia social. Lo que hoy denuncian estas mujeres es un espejo del deterioro de un sistema que debe ser protegido, no desmantelado.
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