Los servicios sociales públicos en la Diputación de Granada están en peligro. Por eso, nos adherimos a los sindicatos que han firmado un comunicado en el que exigen soluciones cuanto antes para acabar con la precariedad de una herramienta que es básica para la ciudadanía.
La falta de previsión y la mala gestión en la cobertura de vacantes están deteriorando de forma alarmante la calidad de la atención que reciben los ciudadanos. Especialmente en las zonas rurales más deprimidas de la provincia, este abandono institucional está vulnerando derechos fundamentales y dejando desprotegidos a los colectivos más vulnerables. Pese a que ya se lo trasladamos a la diputada encargada, las actuaciones siguen siendo insuficientes.
Por eso, la situación es insostenible. Puestos sin cubrir durante más de un año, personal asumiendo tareas para las que no está cualificado o sobrecarga laboral que dispara los niveles de estrés y ansiedad de las compañeras son algunas de las deficiencias a las que se enfrentan. La atención social pública no puede depender de soluciones improvisadas, como recuerdan los sindicatos. No basta con contratos temporales de unos meses que apenas sirven como parche: se necesitan medidas estructurales que garanticen la estabilidad y la continuidad del trabajo social.
El trabajo social es clave para facilitar el acceso a derechos básicos, pero la falta de recursos está precarizando la profesión y desvirtuando su función. Si se recurre a personal sin experiencia, sin formación en intervención social y sin un conocimiento profundo del sistema de protección, se pone en riesgo la calidad del servicio y se desprofesionaliza un sector esencial para la cohesión social.
Las profesionales de los servicios sociales de la Diputación de Granada están agotadas. La carga de trabajo inasumible y la falta de apoyo institucional no solo afectan a su salud, sino que también repercuten en la calidad de la intervención con las personas usuarias. La desprotección del personal no es solo una cuestión laboral: es un problema que afecta a toda la sociedad. La sobrecarga laboral está incrementando las bajas, impidiendo la conciliación de la vida personal y laboral, y exponiendo a las trabajadoras a episodios de violencia externa ante la frustración de la ciudadanía por la falta de recursos.
Desde el Colegio de Trabajo Social de Granada exigimos soluciones reales. La atención social pública es un derecho, no un privilegio. Basta ya de excusas y de políticas que perpetúan la precariedad. Es urgente reforzar los servicios sociales de la Diputación con una planificación seria, con recursos suficientes y con estabilidad laboral para garantizar un servicio digno y de calidad. Por ello, reiteramos nuestro respaldo a los sindicatos UGT, CSIF, CCOO y USO del ente provincial.
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