

Nos acercamos al mes de febrero y la realidad en Granada continúa siendo desesperante para muchas familias. La incertidumbre y los retrasos en la gestión de las ayudas sociales, como las tarjetas monedero, siguen marcando el día a día de quienes más lo necesitan. A estas alturas, hay personas que todavía no han recibido la recarga de sus tarjetas, a pesar de que caducan en marzo, y otras que ni siquiera las han llegado a recibir. Este contexto no es nuevo: ya en varias ocasiones hemos denunciado la urgencia de analizar en profundidad las implicaciones de este tipo de políticas y su gestión privatizada.
Es cierto que estas tarjetas monedero pueden aliviar necesidades inmediatas, pero no abordan las causas estructurales de la pobreza ni la desigualdad. Al contrario, refuerzan un modelo asistencial que perpetúa situaciones de precariedad y que no promueve ni garantiza el derecho ni la agencia de las personas que lo padecen. Nos preocupa, además, que la gestión de estas ayudas no se realice desde los servicios sociales públicos, sino que se delegue en entidades sociales, lo que desvincula a las administraciones de su responsabilidad directa. Este modelo privatizado, con constantes retrasos y limitaciones, no solo vulnera los derechos fundamentales de las familias andaluzas, sino que también genera frustración e impotencia entre las trabajadoras sociales de los servicios públicos.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada queremos instar a las administraciones competentes a que se evalúen, de manera urgente, las deficiencias significativas que presenta este sistema. Es fundamental que se revisen tanto los retrasos y la falta de eficacia en la gestión como las condiciones en que se ofrecen estos recursos. Las ayudas sociales deben garantizar la dignidad de las personas a las que van dirigidas y ser una herramienta real de cobertura de derechos fundamentales, no un parche que perpetúa la desigualdad.
No podemos permitir que los errores del pasado sigan repitiéndose, afectando directamente a las personas que sufren situaciones de precariedad. La incapacidad de ofrecer respuestas adecuadas pone a las trabajadoras sociales en una situación insostenible: no pueden ejercer sus funciones con dignidad y calidad, y se enfrentan a un sentimiento constante de frustración y desazón.
Es hora de que nuestras administraciones dejen de mirar hacia otro lado y asuman su responsabilidad. La pobreza y la desigualdad no son inevitables, pero requieren de voluntad política, compromiso y, sobre todo, de una gestión que no precarice ni a las familias ni a las profesionales que trabajan para ellas. Granada no puede seguir esperando respuestas.