

Desde el Colegio de Trabajo Social de Granada queremos expresar nuestro profundo malestar ante el procedimiento, ya habitual, en la convocatoria de ayudas como el Bono de Carestía, Bono de Alquiler Joven, Ayudas al Alquiler para Víctimas de Violencia de Género, Personas Desahuciadas de su Vivienda Habitual, Personas sin Hogar y otros colectivos especialmente vulnerables gestionadas por la Junta de Andalucía.
Consideramos que dicho procedimiento puede dificultar gravemente el acceso de los colectivos más vulnerables a estas ayudas, contraviniendo los principios fundamentales de equidad, inclusión y justicia social.
En particular, queremos señalar las siguientes problemáticas:
- Exclusión digital derivada de la obligatoriedad del registro electrónico: No todas las personas tienen acceso a dispositivos, conexión a internet o competencias digitales suficientes para cumplir con este requisito. En zonas rurales o con menor infraestructura tecnológica, esta exigencia constituye una barrera aún mayor.
- Insuficiencia de asistencia en anteriores convocatorias: La falta de apoyo efectivo para facilitar el registro electrónico ha dejado a muchas personas sin posibilidad de acceder a las ayudas, evidenciando la desigualdad estructural en el acceso a recursos digitales.
- Carácter no competitivo de las ayudas: El sistema de “quien llegue primero” favorece a quienes tienen mayores conocimientos y recursos para tramitar las solicitudes con rapidez. Este modelo desvirtúa el principio de justicia material y perpetúa desigualdades de género, al no abordar las barreras específicas que enfrentan las mujeres jóvenes para acceder a estas ayudas.
- Desconexión de la realidad social: Imponer el uso exclusivo de plataformas digitales refleja una desconexión con las necesidades y circunstancias reales de los colectivos vulnerables.
- Un sistema que se colapsa: La plataforma digital que se utiliza para la gestión de estas ayudas está paradójicamente alineado con la realidad a la que se enfrentan quienes intentan acceder a ellas. El colapso de la web es común, lo que supone una barrera de entrada para personas que tan sólo buscan una forma para poder hacer frente a las rentas del alquiler.
Desde el Trabajo Social, defendemos la eliminación de obstáculos estructurales, la promoción de la igualdad de oportunidades y el compromiso con la inclusión. Por ello, consideramos que estas medidas no son compatibles con los principios de nuestra profesión ni con el objetivo de garantizar una distribución equitativa de los recursos.
Solicitamos a la Junta de Andalucía una revisión urgente de estos procedimientos, apostando por modelos que respeten los principios de equidad e inclusión social y que aseguren el acceso real y efectivo a las ayudas por parte de las personas más vulnerables.