

Los servicios municipales comunitarios del Ayuntamiento de Granada no sólo están desbordados. Están funcionando con menos recursos de los que necesitan para garantizar derechos básicos.
A la falta estructural de personal se suma un problema igual de grave: la ausencia de recursos públicos suficientes para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. No hablamos sólo de plantillas. Hablamos de vivienda pública, ayudas económicas dignas, recursos sociales estables y dispositivos preventivos que permitan intervenir antes de que las situaciones se agraven.
En la práctica diaria, muchas profesionales municipales se ven obligadas a derivar constantemente al tercer sector para intentar cubrir lo que el sistema público no garantiza. La intervención social se convierte en una cadena de trámites, valoraciones externas y solicitudes que, en demasiadas ocasiones, terminan gestionando ayudas mínimas e insuficientes.
Además, no tiene sentido que para acceder a determinados apoyos se exijan nuevas valoraciones fuera del propio sistema municipal. No tiene sentido que las profesionales públicas no puedan ofrecer directamente recursos públicos suficientes. Y no tiene sentido que la respuesta estructural sea firmar convenios en lugar de reforzar lo que ya existe.
La apuesta por externalizar funciones y firmar convenios con entidades del tercer sector no sustituye la obligación de reforzar el empleo público y los recursos estructurales. El tercer sector cumple un papel importante, pero no puede ni debe sustituir la responsabilidad de las administraciones en la garantía de derechos.
Por otro lado, la sobrecarga y la falta de personal están provocando que situaciones graves relacionadas con la infancia no siempre se detecten ni se atiendan con la rapidez que requieren. Los equipos específicos son insuficientes y la base municipal no dispone de medios personales ni materiales suficientes para sostener la intervención preventiva.
El trabajo comunitario, clave para fortalecer redes y prevenir situaciones de exclusión, está siendo progresivamente marginado. La falta de tiempo y recursos empuja a una intervención centrada casi exclusivamente en la gestión de ayudas económicas que, además, no cubren las necesidades básicas.
Reforzar los servicios municipales comunitarios no es una cuestión técnica. Es una decisión política sobre qué modelo de ciudad queremos sostener.
