El sistema de acogida para personas solicitantes de protección internacional está pensado para durar, como máximo, 18 meses. Sin embargo, la realidad es que los expedientes se resuelven mucho antes, la mayoría con denegación. En Granada, las trabajadoras sociales del sistema de acogida ven cómo, en promedio, las personas permanecen apenas 6 o 7 meses en el programa.
Este tiempo es claramente insuficiente para cualquier proyecto de vida. Si hablamos de personas que llegan sin hablar el idioma, con secuelas físicas o psicológicas graves, o tras haber sobrevivido a redes de trata o violencia machista, el margen para intervenir de forma integral es prácticamente inexistente.
A esto se suma una salida abrupta. Cuando llega una denegación, el sistema establece 15 días para abandonar el recurso de acogida, sin importar si hay menores, problemas de salud o vulnerabilidades extremas. En solo dos semanas, una familia puede pasar de tener un techo y acompañamiento a verse en la calle, derivada a unos servicios sociales municipales ya saturados.
Los tiempos acelerados del sistema de acogida, sumados al colapso y la falta de plazas específicas, hacen que la atención sea cada vez más superficial. Se sacrifica la calidad por la cantidad. Y así, la protección internacional se parece cada día más a un trámite diseñado para expulsar rápido que a un verdadero itinerario de inclusión.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada reivindicamos la necesidad de tiempos dignos, de recursos especializados y de un acompañamiento social adaptado a cada persona. Porque los derechos no pueden depender del reloj ni del presupuesto.
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