Cuando la violencia política internacional se entrelaza con el autoritarismo y la injerencia: reflexiones desde el trabajo social

Las protestas populares en Irán, que han puesto en cuestión el control del régimen de los ayatolás frente a una población que exige justicia, igualdad y libertades fundamentales, se han visto marcadas por una represión violenta que ha causado miles de muertos y arrestos masivos, según informes de derechos humanos. Al mismo tiempo, desde posiciones de poder globales se alienta a los manifestantes e incluso se plantea intervención externa en nombre de la “ayuda”, complicando aún más un escenario interno ya de por sí tenso.

En otro contexto geográfico, la reciente detención del presidente de Venezuela -una operación militar organizada por Estados Unidos que ha sido ampliamente denunciada como violación del Derecho Internacional por organizaciones de derechos humanos- ha reconfigurado las tensiones políticas y geopolíticas en América Latina. Esta intervención ha sido interpretada por múltiples actores como una forma de injerencia extranjera en los asuntos internos venezolanos.

Tanto en Irán como en Venezuela, las narrativas de empoderamiento popular y de resistencia frente a regímenes autoritarios se ven atravesadas por la influencia de potencias externas. En los dos casos, actores globales buscan aprovechar el descontento social para expandir su influencia política, económica o estratégica, poniendo en riesgo la soberanía, la autodeterminación y la primacía de los derechos humanos como eje de soluciones duraderas.

Para el trabajo social, frente a situaciones como estas no basta con acompañar las necesidades sociales derivadas de la violencia, la precariedad o la exclusión. Es imprescindible analizar críticamente los factores políticos, económicos y geopolíticos que perpetúan las vulneraciones de derechos humanos, y desde ahí denunciar, visibilizar y posicionarse. El trabajo social no puede reducirse a gestionar consecuencias: participar en la exigencia del respeto al Derecho Internacional, en el cuestionamiento de políticas de intervención foránea y en la defensa de procesos de autodeterminación es también un compromiso profesional y ético.