En demasiadas ocasiones, las instituciones que deberían proteger a las víctimas acaban amparando al agresor. No siempre de forma explícita, pero sí a través de prácticas, informes o decisiones que colocan el “derecho del padre” por encima del bienestar de los menores.
Se sigue hablando de “mantener el vínculo paterno-filial” incluso cuando hay antecedentes de violencia. Se sigue apelando a la “normalidad familiar” aunque esa normalidad se haya construido sobre el miedo y el control. Se sigue culpando a madres víctimas por proteger a sus hijas e hijos. Y todo esto ocurre dentro de sistemas que deberían tener la protección de la infancia como prioridad.
El trabajo social no puede permanecer neutral ante esa violencia institucional. Cuando una niña o un niño es obligado a convivir con su maltratador, o cuando una mujer es señalada por intentar evitarlo, la intervención profesional tiene que posicionarse de forma clara. No se trata de una cuestión ideológica, sino ética: proteger la vida, la seguridad y la dignidad de quienes han sobrevivido a la violencia.
Trabajar desde instituciones que reproducen el modelo de familia tradicional también exige una mirada crítica hacia dentro. Las y los profesionales del trabajo social sabemos que la intervención no termina en el acompañamiento, sino que implica cuestionar estructuras. Nombrar lo que ocurre, denunciar lo que se repite y actuar donde otras disciplinas callan.
Porque proteger a la infancia no es sostener al maltratador. Y ninguna institución que lo haga puede llamarse protectora.
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