Una mujer de 21 años ha sido asesinada en Madrid. Su expareja, de 30 años, está detenida como principal sospechoso. La víctima había denunciado, el agresor tenía una orden de alejamiento y aún así pudo acercarse a ella. Vivía en una habitación alquilada junto a su bebé de 15 meses.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada lamentamos profundamente este nuevo crimen machista y denunciamos los fallos estructurales que lo hacen posible. No se trata sólo de un error individual, sino de un sistema que sigue sin garantizar la seguridad de las mujeres ni de sus criaturas.
Este caso revela una cadena de vulnerabilidades: precariedad habitacional, falta de recursos económicos, incumplimiento reiterado de medidas judiciales y una valoración de riesgo “bajo” que terminó siendo mortal. Todo ello muestra la necesidad urgente de reforzar la coordinación entre servicios sociales, justicia y fuerzas de seguridad. Así como de revisar la manera en que se valoran y gestionan los riesgos en casos de violencia machista.
El trabajo social tiene la responsabilidad y el compromiso de seguir denunciando estas carencias. Porque mientras las instituciones no actúen de forma integrada y preventiva, seguiremos lamentando muertes que pudieron evitarse.
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