Este 2024, dos temas especialmente inquietantes han marcado la agenda de los derechos humanos en Europa y España. En ambos casos, los hechos ponen de manifiesto una preocupante falta de garantías para la protección de las personas más vulnerables.
Por un lado, en España, el reciente desmantelamiento de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanas con fines de explotación sexual ha puesto nuevamente sobre la mesa una realidad persistente y brutal. La red, que operaba entre España y Bélgica, captaba a mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad y las sometía a condiciones infrahumanas, privándolas de libertad y explotándolas económica y sexualmente. Este caso no es un hecho aislado, sino un síntoma de un sistema fallido que permite que las personas más desprotegidas sean objeto de una violencia estructural inadmisible.
La trata de personas no es solo una lacra que afecta directamente a cientos de mujeres cada año en nuestro país; es una evidencia de cómo las políticas públicas están fallando de forma sistemática en prevenir, proteger y garantizar justicia para las víctimas. Desde el Colegio de Trabajo Social de Granada, denunciamos con firmeza la insuficiencia de medidas de prevención, la falta de recursos destinados a la protección de las mujeres afectadas y la lentitud en implementar estrategias integrales que aborden esta problemática como la emergencia que es.
Por otro lado, el plan de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para establecer centros de migrantes en Albania ha despertado una ola de críticas. La iniciativa, presentada como una medida para controlar los flujos migratorios hacia Europa, plantea trasladar a personas que buscan asilo a un país fuera de las fronteras de la Unión Europea. Esta propuesta no solo es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional y europeo sobre el asilo, sino profundamente inhumana.
Externalizar la gestión de las migraciones a un país tercero es un acto de desdén hacia quienes huyen de la guerra, la persecución o la miseria, reduciendo su situación a un mero problema logístico. Albania, con recursos limitados y sin las garantías necesarias para un trato digno, no puede ni debe ser el destino de quienes buscan protección. Desde nuestro punto de vista, estas políticas no son solo inhumanas; son una traición al espíritu fundacional de la Unión Europea y a los valores de solidaridad y derechos humanos que deberían guiarla.
Ambos casos comparten un denominador común: la cosificación de las personas. Ya sea explotando a mujeres con fines lucrativos o trasladando a migrantes como si fueran mercancía de un país a otro, se perpetúan sistemas que despojan a las personas de su dignidad y derechos fundamentales. Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social, exigimos un cambio profundo en las políticas de España y Europa. No podemos seguir priorizando el control sobre la protección, ni permitiendo que las vidas humanas sean tratadas como cifras o problemas a gestionar. Es hora de que los derechos humanos dejen de ser una declaración vacía y se conviertan en acciones concretas que devuelvan dignidad y esperanza a quienes más lo necesitan.
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