

Las trabajadoras sociales no somos espectadoras ante las vulneraciones de los derechos humanos ni ante el incumplimiento del Derecho Internacional. Nuestra responsabilidad ética y profesional nos sitúa del lado de la denuncia activa y de la incidencia política frente a las violencias estructurales que atraviesan el mundo actual.
Las guerras, las ocupaciones, los bloqueos económicos o las políticas de cierre de fronteras no son hechos aislados. Sus consecuencias se traducen en migraciones forzadas, conflictos armados prolongados, trata de personas, pobreza estructural y procesos de exclusión social que impactan directamente en la vida de millones de personas. Muchas de ellas acaban formando parte de los sistemas de protección social, cuando el daño ya es profundo y, en muchos casos, irreversible.
Desde el trabajo social no podemos limitar nuestra intervención a la gestión de las consecuencias. Denunciar las causas, señalar a los responsables y exigir el respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional forma parte de nuestra práctica profesional. Incidir políticamente también es cuidar.
