El Ayuntamiento de Granada consuma el desmantelamiento de la asesoría jurídica en Derechos Sociales

El Ayuntamiento de Granada ha confirmado el cese de la única persona que ejercía el asesoramiento jurídico en el Área de Derechos Sociales, dejando sin este recurso esencial a los ocho centros municipales de Servicios Sociales y a la Oficina Social de la Vivienda. Lo hace pese a que el proceso de oposición para este puesto ha quedado desierto, es decir, no hay nadie que pueda asumir esta labor. A partir de hoy, la Oficina Social de la Vivienda queda sin asesoramiento legal, a pesar de que hay al menos 26 citas programadas hasta el 21 de abril para resolver dudas y acompañar a familias en riesgo de desahucio.

Desde nuestra institución, entendemos que el asesoramiento jurídico en materia de derechos sociales no es un mero complemento, sino una herramienta fundamental en la intervención social. Su labor no solo informa a la ciudadanía sobre sus derechos, sino que facilita el acceso a la justicia y acompaña en procesos que, de otro modo, pueden generar desorientación e indefensión. En un contexto de extrema precariedad en vivienda y otros derechos fundamentales, eliminar este recurso equivale a debilitar los Servicios Sociales y abandonar a quienes más apoyo necesitan.

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada denunciamos que esta decisión contradice el enfoque de derechos que debe guiar cualquier política social. El derecho a la vivienda, a la protección social y a una vida digna no pueden quedar desprovistos del soporte jurídico necesario para hacerlos efectivos. Sin asesoramiento legal, muchas personas se enfrentan solas a desahucios, barreras administrativas o vulneraciones de derechos sin saber cómo defenderse.

Lejos de fortalecer la red de protección social, este recorte deja a las profesionales de la intervención social sin un recurso clave para su labor y a la ciudadanía más vulnerable en una situación de mayor indefensión.

Instamos al Ayuntamiento de Granada a rectificar de inmediato esta decisión, restableciendo el asesoramiento jurídico en derechos sociales y garantizando su continuidad. No puede haber excusas cuando lo que está en juego es la protección de derechos fundamentales.