Queremos compartir una actuación reciente impulsada desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada en defensa de la profesión y de una intervención social de calidad: Hemos interpuesto un recurso frente a una convocatoria de técnico-técnicas de inclusión social promovida por los ayuntamientos de Molvízar e Ítrabo.
El motivo es claro: la titulación exigida para acceder al puesto es un ciclo de formación profesional, pese a que las funciones descritas se corresponden con competencias propias del trabajo social y requieren, por tanto, una formación universitaria específica.
No estamos ante una cuestión menor. Hablamos de garantizar una intervención social rigurosa, con profesionales cualificados, y de proteger tanto a la ciudadanía como a la propia profesión. Rebajar los requisitos formativos en este tipo de puestos no sólo desdibuja el marco competencial del trabajo social, sino que compromete la calidad de la atención que se presta.
Además, existe un amplio precedente en la provincia en el que la titulación universitaria en trabajo social es el requisito mínimo para desempeñar estas funciones, lo que refuerza la necesidad de mantener criterios coherentes y ajustados a la realidad profesional.
Desde el Colegio seguimos trabajando para defender el reconocimiento del trabajo social, sus competencias y los derechos de nuestras colegiadas y colegiados.
Os seguiremos informando.
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