La cuenta atrás para el 31 de diciembre deja a miles de familias ante una amenaza que no deberían afrontar: el fin de la moratoria que ha frenado desahucios de hogares vulnerables desde la pandemia. Si esta medida cae, decenas de miles de procedimientos podrían reactivarse de golpe en un contexto donde el acceso a la vivienda ya está completamente tensionado y donde la oferta pública sigue siendo insuficiente.
Desde el trabajo social sabemos lo que significan estas decisiones cuando aterrizan en la vida real. No hablamos de estadísticas, sino de mujeres, criaturas, mayores y familias que ya están sosteniendo lo insostenible: alquileres disparados, ingresos inestables, ayudas que no llegan y un mercado que las expulsa mientras las administraciones continúan sin desplegar alternativas habitacionales suficientes.
Permitir que esta moratoria caduque sin ofrecer un mecanismo de protección real sería empujar deliberadamente a miles de personas a una situación de desamparo institucional. No puede normalizarse que la vulnerabilidad se convierta en un criterio desechable en mitad de un colapso estructural del derecho a la vivienda.
Como Colegio, recordamos que garantizar vivienda digna no es un gesto voluntarista, sino una obligación pública que debe situarse en el centro de cualquier política social. Urgimos a que se mantenga la moratoria y a que se refuercen los dispositivos de atención, prevención y alternativas habitacionales para que ninguna familia sea expulsada de su hogar porque el mercado ha sido dejado solo a su suerte.
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