En el sistema sanitario público andaluz, el trabajo social está siendo invisibilizado por una falta de personal que ya compromete la atención más básica. En el Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, que atiende a más de 500.000 personas, apenas hay entre 29 y 30 profesionales para cubrir las necesidades sociales en salud. La ratio es tan baja que, siguiendo únicamente un criterio poblacional (1 profesional por cada 15.000 habitantes), harían falta al menos 12 profesionales más.
Pero el criterio poblacional no es suficiente para explicar la urgencia. Muchas de estas profesionales están solas en sus centros, sin posibilidad de coordinación ni de cubrir las ausencias. No se sustituyen bajas, no se cubren jubilaciones, y las peticiones de refuerzo caen en saco roto. Mientras tanto, la ciudadanía sigue enfrentándose a problemas de salud que exigen acompañamiento social: situaciones de soledad no deseada, vulnerabilidad extrema, cuidados sin apoyos o necesidades vinculadas a la salud mental.
Este desmantelamiento es silencioso, pero no accidental. Tiene consecuencias directas sobre el derecho a la salud, que no puede entenderse sin un enfoque biopsicosocial. Y, sin embargo, desde la administración se insiste en reducir el trabajo social sanitario a un recurso secundario, cuando no meramente administrativo.
“Hay semanas en las que soy la única profesional de trabajo social en activo en todo el distrito. ¿A cuántas personas puedo atender sola?”, explica una profesional del sistema sanitario andaluz, que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias.
La escasez no sólo afecta a la atención primaria: en los hospitales, las urgencias sociales se acumulan y en los centros de salud mental, el trabajo social es testimonial o inexistente. Se están cronificando situaciones que podrían abordarse con apoyos adecuados, y el coste humano de esta falta de inversión no para de crecer.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada recordamos que sin trabajo social no hay salud pública con garantías, y exigimos un refuerzo urgente de las plantillas, que permita atender a la población como merece. Porque no se trata de heroicidades individuales, sino de garantizar derechos.
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