En el trabajo social, el lenguaje no es una herramienta secundaria. Es parte del problema o parte de la solución. Y cuando intervenimos en contextos de violencia machista, cada palabra define la posición desde la que miramos la situación, a quién protegemos y a quién dejamos en segundo plano.
Durante años, los discursos profesionales han girado en torno a expresiones que suavizan la responsabilidad del agresor: “el padre del menor”, “el progenitor”, “la figura paterna”, incluso “el conflicto familiar”. Ese lenguaje, aparentemente neutro, crea una neblina donde la violencia queda diluida y donde el maltratador sigue ocupando un lugar simbólico de autoridad.
Nombrar a un maltratador como “padre” en contextos de violencia no es sólo impreciso. Es perjudicial. Coloca en la misma frase dos realidades incompatibles: la violencia que ejerce y la protección que debería dar. Y cuando aceptamos esa mezcla, aunque sea desde la rutina profesional, acabamos sosteniendo la legitimidad social del agresor.
El lenguaje importa porque moldea la intervención. Cuando decimos “el padre”, la conversación gira en torno a sus derechos, sus tiempos, su presencia. Cuando decimos “el maltratador del niño o la niña”, el foco se desplaza a la seguridad de la infancia y a la responsabilidad del agresor. El cambio no es solo lingüístico: es político, ético y profesional.
Las profesionales del trabajo social sabemos que el lenguaje es parte de la estructura que intentamos transformar. Por eso es imprescindible revisar cómo nombramos la violencia, cómo nombramos a quienes la ejercen y cómo nombramos a quienes la sufren. La neutralidad lingüística no protege a la infancia; protege al maltratador.
Este mes queremos insistir en esta idea: cada palabra es una toma de posición. Y en violencia machista, no posicionarse también es una forma de permitir.
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