Los servicios sociales son una herramienta fundamental para garantizar derechos y apoyar a quienes más lo necesitan. Sin embargo, la creciente privatización del sector pone en riesgo su calidad, su accesibilidad y las condiciones laborales de quienes los sostienen.
La diligencia debida en la provisión de servicios sociales implica que estos sean gestionados con transparencia, con garantías de calidad y con respeto a los derechos de las personas usuarias y trabajadoras. Pero la externalización de estos servicios ha supuesto, en muchos casos, lo contrario: un modelo basado en la reducción de costes y en la competencia entre entidades que priorizan la rentabilidad sobre la atención.
El sector social es uno de los más privatizados, con una presencia creciente de empresas que gestionan servicios públicos bajo criterios de mercado. Esto ha tenido consecuencias directas:
- Deterioro de las condiciones laborales: La privatización ha precarizado el trabajo en el sector, con sueldos bajos, inestabilidad y peores condiciones para muchas trabajadoras sociales y profesionales de la atención.
- Reducción del coste real de los servicios: En la lógica de la competencia, muchas empresas buscan abaratar la prestación de servicios, lo que puede traducirse en menor calidad y peores recursos para las personas usuarias.
- Menos derechos, más negocio: Cuando los servicios sociales dejan de verse como un derecho y pasan a gestionarse con criterios económicos, se corre el riesgo de que la atención deje de estar basada en las necesidades de las personas y pase a depender de su rentabilidad.
Defender unos servicios sociales públicos y de calidad es garantizar derechos y bienestar para toda la sociedad. La privatización es un peligro que debemos denunciar y combatir y en el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada estamos convencidas de hacerlo.
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