Un año esperando una entrevista. Dos años sin poder trabajar. Una resolución que lo tumba todo. Esta es la realidad que afrontan miles de personas solicitantes de protección internacional en España. Aunque el sistema de acogida (SAPIT) está formalmente estructurado, las barreras administrativas, la falta de medios y un diseño profundamente ineficaz lo convierten en un limbo que termina expulsando a quienes venían a rehacer su vida.
Rafael Borrego, profesional del ámbito jurídico y social con experiencia directa en el sistema en Granada, lo ha vivido de cerca. Tanto, que ha decidido salir de él por “la frustración y el agotamiento” que genera ver cómo se cronifican las carencias sin voluntad política de cambio. “El sistema de acogida es un gran invento y es un orgullo que exista, porque no todos los países lo tienen. Pero está lleno de obstáculos que impiden a las personas avanzar”, explica.
Una entrada casi imposible y un laberinto burocrático
El primer gran escollo aparece incluso antes de acceder al sistema: conseguir una cita para solicitar asilo es extremadamente complicado. Sin ese trámite, no hay derecho a acogida. “Es una queja universal en todo el Estado”, resume Borrego.
Quienes logran entrar acceden a alojamiento, ayudas básicas y acompañamiento profesional. Pero las personas solicitantes no pueden trabajar ni formarse hasta que no hayan pasado por la entrevista de asilo, que puede tardar más de un año en llegar. “Eso significa que están uno o dos años metidas en un piso sin poder avanzar. Y quieren trabajar, quieren caminar. Pero el sistema las inmoviliza”.
Rafael Borrego no duda en calificar el sistema como una “guillotina”. Lo explica con crudeza: “Después de años esperando, aprendiendo español, formándose y consiguiendo un empleo, muchas personas reciben una resolución denegatoria. Lo pierden todo: empleo, derechos, arraigo. Pasan a la temida situación irregular, como si fueran delincuentes”.
Y añade una paradoja perversa: quien consigue un contrato puede quedar fuera del sistema por “superación de ingresos”, aunque no tenga adónde ir. “Si hoy día hasta personas españolas con años de experiencia necesitan avalistas para alquilar un piso, ¿qué le pedimos a quien llega sin red, con una sola nómina y un mercado inflado?”, se pregunta.
Falta de medios, plazos interminables y vivienda inaccesible
Para Borrego, el colapso del sistema tiene una raíz clara: la falta de recursos humanos y materiales. Las solicitudes de asilo se han disparado en la última década, pero no se ha reforzado ni la plantilla pública ni la de las entidades sociales. “Ni Policía Nacional, ni ONGs, ni nadie puede asumir el volumen actual. Y las citas para solicitar o renovar asilo son un drama constante”.
A esto se suma la emergencia habitacional, que impide a muchas personas salir del sistema incluso cuando consiguen empleo. “Al no haber políticas que frenen el precio de la vivienda, se cronifica el problema. La gente no tiene adónde ir. Y eso está alimentando fenómenos como las ocupaciones de pisos de acogida”.
Las consecuencias psicológicas de este sistema son profundas. “El desarraigo, la incomunicación, el estancamiento vital y el aislamiento hacen mella. Los índices de suicidio en solicitantes de asilo son mucho más altos que en la población general”, denuncia Borrego. Y añade: “A veces se espera que se rehagan en 18 meses: aprender español, curar heridas, encontrar empleo. Y si lo consiguen, se les expulsa. Es inhumano”.
El trabajo social, columna vertebral de la acogida
Pese a todo, Rafael Borrego pone en valor el papel central del Trabajo Social en este contexto. “Las trabajadoras sociales son el eje del sistema. Conocen las historias, acompañan, entienden el proceso completo. Sin ellas, nada funcionaría”. Pero también alerta del desgaste que sufren: “Están sobrecargadas de tareas burocráticas. Son vistas como burócratas por los propios usuarios, cuando en realidad son quienes más impacto tienen en sus vidas”.
Desde su experiencia, urge una reforma profunda: permitir trabajar desde el primer momento, agilizar trámites, invertir en recursos humanos y garantizar una acogida digna y estable. “No he conocido a nadie que quisiera vivir del sistema. La gente quiere empezar de nuevo. Pero el sistema se lo impide”.
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