Proteger a niñas y niños exige una posición clara: el trabajo social no puede sostener al maltratador, ni directa ni indirectamente. Cuando intervenimos en contextos de violencia machista, no basta con evaluar, acompañar o derivar. Nuestra responsabilidad profesional implica decidir desde dónde miramos, a quién damos credibilidad y qué lugar ocupa el agresor en nuestras prácticas.
Hay violencias que no se ven a simple vista. Están en informes que hablan de “conflictos familiares” donde lo que hay es maltrato. Están en decisiones institucionales que fuerzan visitas o mantienen custodias, incluso cuando la infancia arrastra un trauma evidente. Están en reuniones donde se insiste en preservar el “vínculo paterno” de un hombre que ha ejercido violencia dentro del hogar.
Esta violencia institucional también produce daño. Y el trabajo social tiene la obligación ética de nombrarla y de intervenir para que no siga reproduciéndose.
Revisar nuestras propias inercias es parte del proceso. Hemos sido socializadas en modelos familiares que refuerzan la figura paterna aunque haya ejercido violencia. Identificar esas raíces no es un ejercicio teórico, sino una parte esencial de la intervención: si no vemos cómo el agresor mantiene su legitimidad simbólica, difícilmente podremos proteger a la infancia.
La neutralidad que a veces se nos exige no existe cuando hay niñas y niños en riesgo. Situarse del lado de la infancia implica no situarse del lado del maltratador. Y eso se refleja en cada informe, cada palabra, cada decisión y cada posicionamiento institucional.
Este mes estamos poniendo el foco en todo aquello que contribuye a sostener al agresor, incluso sin darnos cuenta. Y seguiremos haciéndolo, porque el trabajo social tiene una función clara: proteger vidas, no estructuras que perpetúan la violencia.
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