

Hoy, 30 de enero, Día Internacional de la Paz y la No Violencia, desde el Colegio de Trabajo Social de Granada afirmamos que la paz no es posible en un sistema que perpetúa y reproduce estructuras de opresión y desigualdad, generando dinámicas de violencia social y económica. La pobreza es una manifestación directa de la violencia estructural, estrechamente vinculada a las desigualdades sociales, económicas y de poder que definen nuestras sociedades, afectando en mayor medida a las mujeres, quienes sufren de forma más aguda las consecuencias de esta pobreza estructural.
Erradicar la violencia estructural y avanzar hacia sociedades verdaderamente equitativas, exige la creación de mecanismos que promuevan la justicia social y garanticen a las personas los recursos necesarios para una vida digna. Las políticas asistencialistas, como el uso de tarjetas monedero o ayudas puntuales, aunque se presenten como soluciones inmediatas, en realidad refuerzan un modelo que individualiza la pobreza, responsabilizando a las personas beneficiarias de su situación, sin cuestionar las estructuras que la generan. Este tipo de políticas no solo perpetúan la estigmatización de los colectivos más vulnerables, sino que además invisibilizan las intersecciones de género, clase social y raza, entre otras.
Además, al ser medidas de intervención de corto plazo y no estructurales, no solo no resuelven las causas profundas de la pobreza, sino que terminan precarizando aún más a las personas en situación de vulnerabilidad. A menudo, las grandes corporaciones se benefician económicamente de los fondos públicos destinados a estas políticas, lo que demuestra que no atacan las raíces de la desigualdad ni de la injusticia social.
En contraposición y como propuesta, las rentas básicas no solo actúan como una medida paliativa para reducir la pobreza, sino que se convierten en una herramienta política y económica esencial para las personas puedan vivir con dignidad, superando la lógica asistencialista. A su vez, estas medidas constituyen un acto de justicia distributiva al reconocer la necesidad urgente de una redistribución más equitativa de los recursos y la riqueza, que hoy se concentran en unas pocas manos, perpetuando la exclusión social y económica de grandes sectores de la población.