La crisis sanitaria por los retrasos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía ha escalado hasta provocar la dimisión de la consejera de Salud y Consumo. Lo ocurrido no puede quedar en un relevo político: lo que está en juego son miles de vidas afectadas por una planificación sanitaria deficiente, consecuencia directa del deterioro del sistema público.
La Asociación del Defensor del Paciente ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por posibles negligencias en la gestión del programa de detección precoz. Se estima que más de 20.000 mujeres podrían haberse visto afectadas por fallos en la comunicación de resultados, seguimientos incompletos y demoras injustificadas en pruebas y diagnósticos, lo que habría agravado el curso de la enfermedad en muchos casos.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada expresamos nuestro apoyo a las mujeres afectadas y a la asociación que impulsa la denuncia colectiva. Lo ocurrido no es un hecho aislado: es el reflejo de una política sostenida de recortes, pérdida de personal y creciente privatización de los recursos sanitarios.
Exigimos que se depuren responsabilidades políticas y, si procede, judiciales. No basta con dimisiones. Es imprescindible una investigación transparente que determine hasta dónde llegaron los fallos, quién los permitió y por qué no se actuó antes.
Defender la sanidad pública es defender el derecho a la salud, la igualdad y la vida. Andalucía no puede permitirse que el abandono institucional se traduzca en sufrimiento evitable.
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