A pesar de los avances legislativos y del reconocimiento de la vulnerabilidad del colectivo LGTBIQ+, la ciudad de Granada sigue siendo un desierto en cuanto a recursos específicos para atender sus necesidades. Así lo denuncia la trabajadora social y experta en el colectivo LGTBIQ+, Kris García, que destaca dos problemas fundamentales: la total carencia de servicios y la falta de formación y sensibilización en los profesionales de la atención social.
«Es sorprendente que en 2025 sigamos sin encontrar recursos específicos en Granada para atender a personas LGTBIQ+ en situación de vulnerabilidad», señala García. Aunque existe un punto de atención LGTBI dentro del área de defensa de la ciudadanía del Ayuntamiento, este recurso está más destinado a la denuncia y asesoramiento sobre delitos de odio y discriminación.
La falta de recursos tiene consecuencias directas en la vida de muchas personas del colectivo, que enfrentan problemas graves como la exclusión social, el sin hogarismo o la pobreza. «No tenemos viviendas de emergencia para jóvenes que han sido expulsados de sus casas, ni espacios seguros donde recibir atención especializada. Comparado con otras ciudades como Barcelona, que cuenta con un centro LGTBI con asesoramiento jurídico, psicológico y social, lo de Granada es alarmante», denuncia la trabajadora social.
Las personas LGTBIQ+ enfrentan una discriminación estructural que afecta a su acceso a derechos básicos. «La violencia LGTBIfóbica sigue estando normalizada, al igual que ocurre con la violencia de género. Es habitual que alguien reciba insultos en la calle, que se le niegue la entrada a un establecimiento por mostrar afecto en público o que sea directamente expulsado de su hogar por su orientación sexual o identidad de género», advierte García.
Estas experiencias tienen un impacto profundo en la salud mental del colectivo, con tasas de ideación suicida y autolesiones que duplican las de la población heterosexual. «No es solo que haya agresiones físicas, es que vivir en una sociedad heteronormativa implica estar constantemente expuestas a la discriminación y a la necesidad de justificar nuestra existencia», añade.
El peligro de la falta de formación
Otro gran problema es la escasa formación de los profesionales que trabajan en recursos sociales. «El desconocimiento es enorme. No solo no hay recursos, sino que quienes atienden a las personas LGTBIQ+ no tienen la formación mínima sobre diversidad, identidad de género o derechos del colectivo», explica García. La falta de sensibilidad en la atención supone una barrera más para el acceso a servicios esenciales como la sanidad o los propios servicios sociales.
«Es muy grave que tengamos una Ley LGTBI que promociona a la formación de profesionales y a la implementación de planes estratégicos de atención, pero que en la práctica no se cumpla», denuncia. La realidad es que muchas personas trans siguen sufriendo discriminación en trámites administrativos o en el acceso a la atención sanitaria por la falta de conocimiento de los propios profesionales.
La ausencia de recursos públicos y la falta de formación institucional dejan en manos del tercer sector la atención a las personas LGTBIQ+ en Granada. Asociaciones y colectivos intentan suplir las carencias, pero su capacidad es limitada. «No puede ser que todo recaiga en organizaciones privadas cuando estamos hablando de derechos básicos. La administración tiene la responsabilidad de garantizar la igualdad real y de responder a las necesidades de las personas más vulnerables», concluye García.
Mientras otras ciudades avanzan en la creación de espacios seguros y recursos específicos, Granada sigue sin dar respuesta a una población que sigue siendo invisibilizada y desatendida. Por ello, desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada hemos querido dedicar este mes a visibilizar la realidad de este colectivo, especialmente desde el trabajo social. Algo en lo que trabajaremos siempre.
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