Buscar un piso de alquiler en España ya es una tarea difícil para muchas personas, pero cuando eres migrante, el reto se multiplica. Racismo encubierto, exigencias imposibles, negativas sin justificación. “No se alquila a extranjeros”. No lo dicen siempre así, pero lo piensan y lo aplican.
Las personas migrantes se enfrentan a una doble barrera: la dificultad general para encontrar una vivienda a precios accesibles y la discriminación racial y xenófoba en el mercado inmobiliario. Un problema que no es anecdótico ni aislado, sino sistemático. Informes de entidades como Provivienda lo han confirmado: la mayoría de las inmobiliarias aceptan prácticas racistas impuestas por los propietarios, y en muchos casos, ni siquiera hace falta que estos lo pidan, porque el filtro ya lo ponen las propias agencias.
Esta realidad es especialmente dura para mujeres migrantes, familias monomarentales y personas racializadas, que ven cómo los requisitos para alquilarles una vivienda se vuelven aún más estrictos: contratos fijos de larga duración, nóminas inalcanzables, avales que pocas personas pueden cumplir. Requisitos que no se exigen con la misma dureza a personas con nacionalidad española o con nombres y apellidos que “suenan” de aquí.
No se trata solo de un problema de acceso a la vivienda, sino de derechos humanos. Sin una vivienda estable, no hay posibilidad real de integración, de trabajo digno, de seguridad para las familias. Pero las instituciones siguen mirando hacia otro lado.
Este sábado 5 de abril, muchas ciudades de nuestro país saldrán a la calle para exigir alquileres accesibles y el fin de un sistema que solo beneficia a rentistas y especuladores. En Granada no vamos a ser menos y desde el Colegio Oficial de Trabajo Social apoyamos la movilización, pero si no se denuncia la discriminación sistemática que sufren las personas migrantes, la lucha por la vivienda seguirá dejando a muchas atrás.
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