Impedir la invisibilización de los niños y niñas en casos de violencia machista: un reto urgente

Impedir la invisibilización de los niños y niñas en casos de violencia machista: un reto urgente

El caso de Juana Rivas y la vulnerabilidad de sus hijos son un reflejo de cómo el sistema judicial sigue fallando en la protección de los menores en contextos de violencia machista. Aunque la ley de violencia de género y la normativa andaluza reconocen a los niños y niñas como víctimas directas, en la práctica siguen siendo tratados como testigos. Esta forma de invisibilización minimiza el impacto que las violencias machistas tienen en ellos, ignorando las graves consecuencias que sufren.

La interseccionalidad en la atención es clave, pero con frecuencia, se pasa por alto en el ámbito judicial. Las decisiones no siempre tienen en cuenta las múltiples situaciones de vulnerabilidad que afectan a las víctimas, dejando de lado factores como la situación socioeconómica, el origen étnico y la discapacidad.

A pesar de los esfuerzos incasables de los servicios especializados, totalmente insuficientes y precarizados, el sistema judicial sigue priorizando los derechos del «padre» -si es que se le puede considerar así, más allá de en el plano biológico- en muchos casos de violencia machista. Este enfoque perpetúa un sistema que desprotege a los menores, otorgando a los maltratadores derechos de visita o custodia basándose en una visión obsoleta del «buen padre», sin considerar el daño que estos pueden hacer a sus hijos.

En lugar de aplicar medidas de calado, el sistema judicial sigue aplicando medidas insuficientes que no cambian las estructuras sociales basadas en el patriarcado. Los recursos destinados a la protección de menores deben ser respaldados por un sistema judicial que actúe de manera efectiva y justa, garantizando que las decisiones tomadas no ahonden en el sufrimiento de los niños y niñas afectados.

Es urgente que se adopten cambios estructurales en el sistema judicial para asegurar que los menores en situaciones de violencia machista reciban la protección y el apoyo que necesitan, sin demoras ni decisiones que prioricen los derechos del agresor por encima del bienestar de las víctimas.