Hay niñas y niños que llegan solos. Que cruzan fronteras huyendo de la guerra, de la violencia, del hambre o de la pobreza. Que lo hacen sin compañía, sin garantías y sin haber elegido casi nada. Pero lo más grave es que, cuando llegan, se les niega incluso lo más básico: el derecho a ser reconocidos como infancia.
En lugar de protección, lo que encuentran es desconfianza. En lugar de cuidados, pruebas médicas para determinar si “realmente” son menores. Pruebas invasivas, arbitrarias y cuestionadas internacionalmente, que a menudo les arrebatan su derecho a ser tratados como lo que son: niñas y niños.
A muchas de estas criaturas no se les cree cuando dicen su edad. Se les exige demostrarla como si fueran adultas, como si tuvieran que convencer al sistema de algo que debería presuponerse. Esta violencia institucional las deja fuera de los circuitos de protección, expuestas a situaciones de calle, de explotación o de encierro.
Desde el trabajo social lo tenemos claro: el interés superior del menor no puede ser sólo una frase vacía. O se defiende siempre, o no sirve de nada. Y si no somos capaces de proteger a una niña migrante que llega sola, entonces este sistema no está fallando: está funcionando exactamente como se ha diseñado.
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