Cada septiembre, cuando niñas y niños vuelven al colegio, se habla de ellos como si fueran “los menores”, una categoría que los coloca en un lugar secundario y subordinado. Sin embargo, la infancia no es un apéndice de la sociedad ni un grupo pasivo al que hay que tutelar sin más: la infancia es sujeto de derechos.
Volver a las aulas no es una rutina más, es ejercer un derecho fundamental: el derecho a la educación. Y este derecho no se agota al abrir las puertas de un colegio, sino al garantizar que todas las niñas y todos los niños puedan aprender en condiciones de igualdad, con dignidad y sin discriminación.
El trabajo social insiste en que escuchar a la infancia no es un gesto simbólico, sino una obligación. Sus voces deben ser reconocidas y tenidas en cuenta en las decisiones que afectan a su vida escolar y comunitaria. Hablar de participación infantil no es un añadido, es reconocer su ciudadanía presente.
El reto está en dejar atrás miradas adultocéntricas y prácticas que reducen a la infancia a la categoría de “menores”. Avanzar hacia una escuela que ponga a la infancia en el centro significa reconocer su autonomía progresiva, garantizar sus derechos y abrir espacios reales de escucha y participación.
El inicio del curso nos recuerda que no basta con cumplir formalmente con la escolarización: hay que construir una educación donde la infancia sea reconocida como lo que es, ciudadanía con plenos derechos. Ciudadanía que es el futuro y a la que hay que escuchar.
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