Desde el Colegio de Trabajo Social seguimos expresando nuestra profunda indignación y dolor ante el asesinato de nuestra compañera Belén. Enviamos nuestro apoyo y solidaridad a su familia, amistades y compañeras de trabajo, compartiendo el pesar que este hecho ha generado en el colectivo profesional.
Como Colegio, sentimos la responsabilidad de alzar la voz, no solo para denunciar la violencia que atraviesa nuestras sociedades, sino también para visibilizar las condiciones estructurales de precariedad en las que muchas profesionales del Trabajo Social —y del tercer sector en general— desarrollan su labor.
Este hecho no puede analizarse de forma aislada ni reducido a una tragedia individual. Es consecuencia de un sistema que desprotege a quienes sostienen los cuidados, a quienes están en primera línea del acompañamiento social, en contextos complejos y de alta vulnerabilidad.
En los últimos años hemos asistido a una progresiva privatización de lo público. Programas fundamentales para la garantía de derechos han sido externalizados bajo lógicas de eficiencia que esconden una realidad: se privatiza lo público precarizando a las trabajadoras del tercer sector. Y esta precarización tiene rostro de mujer.
Hablamos de una profesión feminizada, como lo es la mayoría del trabajo vinculado a los cuidados. La precariedad no solo se explica por la externalización, sino también por el escaso valor que la sociedad otorga a este trabajo, históricamente invisibilizado, infravalorado y mal remunerado. Cuando el cuidado no se realiza gratuitamente en el ámbito familiar, se convierte en un empleo mal pagado, con escaso reconocimiento y poca protección.
Asistimos, además, a la expansión de empresas de servicios que gestionan programas desde una lógica empresarial, colocando el beneficio económico por encima del bienestar de las personas. Esta mercantilización del trabajo social profundiza las condiciones de desprotección: proyectos adjudicados al menor coste posible, plantillas reducidas, cargas de trabajo inasumibles, condiciones laborales precarias y escasa supervisión profesional.
Todo esto tiene consecuencias. La falta de recursos, la inestabilidad laboral, la ausencia de estructuras de cuidado institucional y la desprotección sistemática de profesionales y personas acompañadas configuran un escenario insostenible. Se ponen en riesgo nuestras vidas, nuestra salud física y mental, y los derechos de quienes atendemos.
La muerte de Belén no puede desvincularse de este contexto ni naturalizarse. Es el resultado de un sistema que desprotege a quienes sostienen día tras día los vínculos, los afectos y los derechos básicos de las personas más vulnerables. Un sistema que prioriza el beneficio sobre la vida.
Por eso exigimos justicia. Exigimos una inversión social sólida y digna. Que se blinde la atención desde lo público, con condiciones laborales justas y profesionales protegidas. Que se reconozca socialmente el valor del trabajo social y del trabajo de cuidados. Que no se precarice lo esencial.
Instamos a los medios a tratar este hecho con el rigor y la sensibilidad que merece, señalando las responsabilidades públicas y estructurales que lo han posibilitado.
Porque la muerte de Belén nos duele. Porque nos interpela. Porque necesitamos políticas que cuiden a quienes cuidan.
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