Este jueves comenzaron en la Facultad de Trabajo Social de Granada las jornadas organizadas por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada, que se celebran bajo el lema “La vivienda como derecho: desafíos y resistencias”. La sesión inaugural estuvo a cargo de la decana del Colegio, María Campos, que subrayó la importancia de que la profesión del trabajo social esté en el centro de la defensa de los derechos fundamentales, como el acceso a una vivienda digna. Durante su intervención, destacó la necesidad de conectar la práctica profesional con las demandas sociales más urgentes, haciendo hincapié en la vivienda como un eje clave para garantizar el bienestar y la justicia social.
A lo largo de la tarde se reflexionó sobre el impacto del mercado inmobiliario y la persistencia de las barreras que dificultan el acceso a la vivienda. Se puso de manifiesto que el problema no es únicamente el alto coste de los alquileres o las hipotecas, sino también las exigencias administrativas y contractuales que perpetúan la exclusión de muchas personas. Requisitos como contratos laborales indefinidos, nóminas elevadas o la necesidad de pagar varios meses de fianza por adelantado dificultan el acceso a una vivienda adecuada, especialmente para las mujeres, las personas migrantes y otros colectivos que enfrentan discriminación. Además, se analizó cómo estas barreras económicas y legales se entrelazan con prejuicios racistas, machistas y de género, agravando aún más la situación de vulnerabilidad.
Otro de los temas centrales de la jornada fue el papel de los barrios como espacios de resistencia ante procesos de turistificación, gentrificación y desahucios. Las participantes compartieron experiencias de lucha colectiva, destacando cómo las redes vecinales y los movimientos sociales han sido fundamentales para acompañar a las personas afectadas, visibilizar las injusticias y negociar soluciones habitacionales. En este sentido, se valoró el impacto positivo de iniciativas como los alquileres sociales o la regularización de suministros básicos en viviendas ocupadas.
Por otro lado, se destacó que gestionar ayudas económicas, como el ingreso mínimo vital, no es suficiente si no se garantiza el acceso a una vivienda digna. Se relataron ejemplos de personas que, a pesar de recibir estas ayudas, sobreviven en espacios insalubres, como trasteros, lo que demuestra la urgencia de repensar el sistema habitacional desde una perspectiva que priorice los derechos humanos. La vivienda no puede entenderse únicamente como un bien económico, sino como un elemento esencial que condiciona la salud, la educación y la participación comunitaria.
La jornada concluyó con un espacio de encuentro que permitió seguir reflexionando sobre los desafíos planteados. Este primer día puso en evidencia que el acceso a la vivienda es un problema estructural que requiere tanto la intervención profesional desde el trabajo social como la acción colectiva para construir ciudades más justas y habitables. Las jornadas continuarán hoy con nuevas sesiones dedicadas a profundizar en las herramientas que las trabajadoras sociales pueden aportar para abordar esta problemática y garantizar el derecho a una vivienda digna para todas.
Noticias Relacionadas Si quieres saber más...
