Los cortes de luz en la Zona Norte de Granada no son un problema nuevo, pero sí uno que persiste y se agrava con el tiempo. Mientras las administraciones miran hacia otro lado y las eléctricas esquivan su responsabilidad, miles de personas se ven forzadas a vivir en condiciones indignas, sufriendo apagones indiscriminados que afectan a su salud, bienestar y derechos básicos. Los servicios sociales llevan años alertando de esta realidad: no se trata solo de una cuestión de suministro eléctrico, sino de un problema estructural que profundiza la desigualdad y condena a la exclusión a una parte de la ciudadanía.
Sin luz, el día a día en la Zona Norte se convierte en una prueba de resistencia. Familias que no pueden conservar alimentos, menores que no pueden hacer sus tareas escolares, personas mayores y enfermas que ven peligrar su salud sin calefacción ni equipos médicos funcionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la energía como un requisito esencial para la salud, pero en la Zona Norte de Granada este derecho se vulnera sistemáticamente.
La estigmatización agrava aún más la situación. El relato oficial ha tratado de justificar los cortes con la presencia de cultivos ilegales de marihuana, ignorando que la gran mayoría de vecinas y vecinos no tienen nada que ver con ello y que las causas de los apagones responden a una infraestructura eléctrica obsoleta y una gestión negligente. La consecuencia de este discurso es devastadora: refuerza la percepción de que hay ciudadanos de primera y de segunda, y deja sin respuesta a quienes simplemente intentan vivir con dignidad.
Desde los servicios sociales, las alertas son constantes. Los cortes de luz perpetúan la pobreza energética, dificultan la salida del riesgo de exclusión social y empeoran problemas ya existentes en la zona, como el desempleo, la falta de oportunidades y el absentismo escolar. Sin acceso garantizado a un servicio esencial, cualquier intento de mejora en las condiciones de vida se ve severamente perjudicado.
En la última Semana contra la Pobreza Energética, organizaciones como CooperaSE han vuelto a exigir el fin de estos cortes, denunciando su impacto en la vida cotidiana de miles de personas. Pero la denuncia no puede quedar solo en una semana de concienciación.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada creemos que es urgente que las administraciones dejen de normalizar esta vulneración de derechos y actúen con la contundencia necesaria para garantizar un suministro estable, seguro y accesible. La energía es un derecho, no un privilegio, y en la Zona Norte de Granada, como en tantos barrios periféricos de España, es hora de que deje de ser un lujo inalcanzable para asegurar, además, el progreso social.
Noticias Relacionadas Si quieres saber más...
