En Andalucía, cada nueva convocatoria de ayudas al alquiler vuelve a reproducir la misma escena: colas desde la madrugada en las oficinas de vivienda, registros colapsados y personas que, pese a cumplir los requisitos, se quedan fuera por no haber presentado la solicitud en los primeros minutos.
El motivo está en el cambio que introdujo la Junta de Andalucía hace unos años, al pasar de un sistema de concurrencia competitiva -que priorizaba la necesidad social- a otro de concurrencia no competitiva, donde el criterio decisivo es el orden de llegada. En la práctica, esto convierte el acceso a una ayuda pública en una carrera contrarreloj que favorece a quien dispone de medios digitales, tiempo y acompañamiento técnico, y penaliza a quien no los tiene.
Desde los servicios sociales de distintos municipios de la provincia se viene alertando del caos organizativo que genera esta forma de gestión. Las y los profesionales relatan cómo las familias acuden con miedo a quedarse fuera, cómo las sedes electrónicas se saturan y cómo las diferencias entre ayuntamientos agravan la desigualdad, ya que no todos cuentan con personal habilitado para tramitar electrónicamente ante la Junta.
Esta situación afecta especialmente a personas mayores, familias sin acceso digital o en situación de vulnerabilidad, precisamente las que deberían estar en el centro de cualquier política pública de vivienda.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada denunciamos que este modelo de gestión de las ayudas al alquiler contradice los principios básicos de equidad y justicia social. Las políticas públicas no pueden basarse en quién llega antes, sino en quién más lo necesita.
Es urgente que la Junta de Andalucía revise este sistema y recupere la valoración por necesidad, garantizando además el apoyo técnico necesario desde los servicios sociales para que ninguna persona quede excluida por motivos administrativos o tecnológicos.
Porque el derecho a la vivienda no se mide en minutos ni en clics.
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