Las cifras de ACNUR no dejan lugar a dudas: en el mundo hay ya más de 122 millones de personas desplazadas a la fuerza. Personas que han tenido que abandonar sus hogares por guerras, violencia, persecuciones o graves violaciones de derechos humanos. Personas que no han «decidido migrar», sino que han huido para sobrevivir.
Y frente a eso, como Colegio, no podemos mirar hacia otro lado.
Detrás de cada cifra hay una historia de desarraigo, miedo, pérdida. Pero también de resistencia. Son vidas truncadas por contextos violentos, muchas veces perpetuados con la complicidad de estados que se lavan las manos o que, directamente, se convierten en verdugos. Entre quienes se ven obligadas a huir, hay millones de niñas, niños y adolescentes, personas mayores, mujeres expuestas a la trata y la violencia sexual, y personas perseguidas por su identidad, orientación o militancia política.
Ante esta realidad, el trabajo social tiene una responsabilidad ineludible: poner el cuerpo, la voz y los recursos al servicio de los derechos humanos. En un mundo que levanta muros físicos y burocráticos, la intervención social debe construir puentes y para eso hay que conocer las herramientas, los marcos legales, los mecanismos de protección y también los vacíos y obstáculos que impone el propio sistema.
Porque si algo nos enseñan estas cifras -más de 43 millones de personas refugiadas, más de 8 millones de solicitantes de asilo- es que la protección internacional no puede seguir siendo una excepción ni un privilegio. Es un derecho. Y como tal, debe ser garantizado.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada, queremos no sólo denunciar esta realidad, sino invitar a nuestras compañeras a formarse, compartir experiencias y activar la intervención social desde un enfoque crítico y transformador. Porque ninguna persona debería tener que elegir entre su vida y su hogar. Porque acompañar procesos de asilo no es solo una tarea técnica: es un acto de justicia.
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