Los servicios municipales comunitarios están desbordados. No por falta de compromiso profesional, sino por decisiones políticas que cronifican la precariedad.
Falta personal en trabajo social, educación social, psicología y administración. Las plazas no se cubren, las sustituciones se retrasan y se sostienen necesidades estructurales con programas temporales. El resultado son listas de espera cada vez más largas y una atención que llega tarde.
Se asumen nuevas competencias sin refuerzo de plantilla, mientras el trabajo se reduce a gestionar ayudas que no cubren las necesidades básicas. Así no se garantiza la intervención social ni el acompañamiento que la ciudadanía necesita.
Sin personal suficiente, no hay servicios públicos dignos ni derechos garantizados.
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