Cada 20 de febrero, el Día Mundial de la Justicia Social nos recuerda que la desigualdad no es una casualidad, sino el resultado de decisiones políticas y económicas que perpetúan privilegios para unas pocas personas mientras niegan derechos básicos a otras. Como trabajadoras sociales, sabemos que la justicia social no es una aspiración abstracta: es el fundamento de nuestra profesión y el horizonte hacia el que dirigimos cada intervención.
La pobreza, la discriminación, la falta de acceso a servicios esenciales o la explotación laboral no son problemas aislados: son expresiones de un sistema que normaliza la precariedad y desprotege a quienes más apoyo necesitan. La justicia social significa garantizar el acceso a derechos sin condiciones ni excepciones, poniendo en el centro a las personas y no al beneficio económico.
El trabajo social tiene el deber ético y el compromiso de denunciar cualquier vulneración de derechos. Nuestra labor debe un enfoque feminista y antirracista es garantizarlos. Es fundamental que actuemos de manera activa en la transformación de las estructuras, señalando y combatiendo cualquier intento de vulneración de los derechos sociales.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada, reivindicamos hoy, como cada día, el valor de nuestra profesión en la construcción de una sociedad más justa. Seguimos exigiendo políticas públicas que aseguren el bienestar de toda la población y denunciamos los obstáculos que enfrentan quienes buscan una vida digna.
Defender la justicia social no es una opción, es una responsabilidad. Sigamos luchando.
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