

Solicitar asilo en España no empieza cuando una persona huye de su país, ni cuando llega a nuestras fronteras. Empieza cuando consigue una cita en Extranjería para formalizar su solicitud. Y eso, hoy, puede tardar meses. Hasta entonces, esas personas no figuran como solicitantes a efectos legales, lo que las deja completamente desprotegidas.
Este retraso no es una anécdota. En ciudades como Granada, cientos de personas se ven obligadas a esperar indefinidamente para poder iniciar un proceso que debería garantizarles protección. Mientras tanto, no pueden acceder al sistema de acogida, ni trabajar, ni empadronarse, ni recibir atención social. No existen a ojos de la administración.
Las consecuencias de este limbo son dramáticas: personas durmiendo en la calle, sin recursos ni información, expuestas a todo tipo de abusos. Muchas se enfrentan a situaciones de ansiedad y desesperación que dificultan aún más su proceso de integración. Algunas ni siquiera llegan a presentar la solicitud porque se rinden antes de obtener una cita.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada queremos denunciar este fallo estructural que vulnera derechos fundamentales. La protección internacional no puede depender de la suerte, la insistencia o el acceso a recursos digitales. Es responsabilidad del Estado garantizar vías seguras, rápidas y humanas para quienes buscan refugio.
Retrasar deliberadamente el inicio del procedimiento de asilo no sólo incumple los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sino que convierte en papel mojado la palabra «acogida». Pedir asilo no puede ser una carrera de obstáculos. La dignidad no puede esperar una cita.