En los últimos meses, el nuevo reglamento de extranjería ha sido presentado como un paso hacia la mejora del sistema migratorio. Pero bajo el envoltorio de las reformas técnicas se consolida una idea profundamente injusta: que hay migraciones que merecen acogida y otras que deben ser frenadas.
Desde hace años se intenta separar artificialmente el asilo de la migración por causas económicas o sociales. El asilo se reserva para situaciones extremas y visibilizadas —la guerra, la persecución política— mientras que cualquier otra motivación se presenta como ilegítima, sospechosa o incluso delictiva. Esta división no sólo es falsa, sino peligrosa: porque quien huye de la pobreza, de la violencia estructural o de la falta de futuro, también está siendo expulsada de su tierra por causas que no ha elegido.
El nuevo reglamento estrecha aún más las vías del asilo, convirtiendo ese derecho en un camino casi impracticable. Al mismo tiempo, bloquea cualquier posibilidad real de migrar por razones sociales, laborales o personales, reduciendo las opciones a trámites imposibles, esperas interminables y puertas cerradas. La libertad de movimiento se queda, una vez más, para quienes ya parten con privilegios.
Desde el trabajo social sabemos que nadie se marcha sin motivos. Y que proteger a las personas debería estar siempre por encima de levantar muros. Defender derechos implica también cuestionar las políticas que distinguen entre quienes “merecen” vivir en paz y quienes no. Migrar no es un delito. Y la pobreza tampoco puede serlo.
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