Cuando hablamos de migración, muchas veces se parte de una imagen masculina, despersonalizada y genérica. Pero las mujeres migrantes existen, sostienen, resisten y sobreviven en un sistema que multiplica las violencias cuando confluyen género y fronteras.
Las mujeres que migran se enfrentan a un sinfín de obstáculos específicos: violencias sexuales en tránsito, explotación laboral en el empleo doméstico, barreras institucionales para acceder a la salud, a la justicia o a los permisos de residencia. Pero además, cargan con una sospecha constante: la de no estar donde “deberían”, la de ocupar espacios que no se les conceden.
Las políticas migratorias -y los discursos que las acompañan- apenas tienen en cuenta las desigualdades de género. Se redactan desde una supuesta neutralidad que ignora que no todas las personas migrantes llegan en las mismas condiciones, ni reciben el mismo trato. Y mientras tanto, muchas mujeres viven con miedo a denunciar, a quedarse sin ingresos o a ser expulsadas por protegerse de su agresor.
Desde el trabajo social lo tenemos claro: los derechos no entienden de papeles. Por eso seguimos exigiendo una mirada que sitúe a las mujeres migrantes en el centro, no como cifras ni como amenazas, sino como sujetas con derechos que merecen vivir libres, seguras y con dignidad.
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