El 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante, una fecha que debería servir para reivindicar los derechos de las personas migrantes y combatir las políticas que las condenan a la precariedad y la exclusión. Sin embargo, tanto el Reglamento de Extranjería aprobado por el Gobierno central como el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo (PEMA) del Parlamento Europeo perpetúan un sistema cruel e ineficaz que ignora las necesidades reales de quienes buscan una vida digna.
Desde el Colegio de Trabajo Social de Granada denunciamos que el Reglamento de Extranjería sigue condicionado los derechos básicos a criterios económicos, como la inserción laboral o la formación en sectores “útiles” para el mercado. Si bien introduce avances como reducir el arraigo de tres a dos años o que las mujeres víctimas de violencia machista puedan acceder con acreditación administrativa a un permiso temporal de un año, las medidas, en general, no dejan de ser un paliativo que legitima una perspectiva utilitarista de las personas migrantes, relegándolas a meras herramientas productivas. ¿Dónde queda el derecho a la acogida digna y el acceso a servicios públicos sin condiciones?
Por otro lado, el PEMA refuerza la securitización de las fronteras y criminaliza la migración, priorizando la protección de los Estados frente a los derechos humanos. Este pacto olvida que las personas migrantes no son cifras en un informe de seguridad, sino seres humanos que merecen vivir con dignidad, sin ser estigmatizadas ni excluidas. ¿Cómo puede Europa hablar de solidaridad mientras refuerza un modelo que externaliza fronteras y perpetúa el racismo institucional?
El trabajo social conoce de cerca las consecuencias de estas políticas: familias separadas, niños sin acceso a educación, mujeres expuestas a la trata y comunidades enteras empujadas a la clandestinidad y la pobreza. Estas realidades no se solucionan con parches ni discursos vacíos, sino con un compromiso real por parte de los gobiernos para garantizar derechos universales.
Desde el Colegio hacemos un llamamiento a una reforma estructural que coloque la dignidad humana en el centro de las políticas migratorias. Nos sumamos a las críticas contra el PEMA y exigimos al Gobierno central que supere la visión economicista y reactive un sistema de acogida basado en la justicia social y la igualdad.
El Día Internacional del Migrante no puede seguir siendo un recordatorio de todo lo que falta por hacer. Es hora de pasar del discurso a la acción.
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