No es justicia si no protege a la infancia

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada queremos expresar nuestra profunda preocupación por la reciente entrega forzosa del menor Daniel Arcuri Rivas a su padre, pese a que este tiene señalado un juicio por malos tratos en Italia para el próximo mes de septiembre, en el que el propio niño y su hermano mayor serán testigos clave. No puede hablarse de justicia cuando un menor de 11 años, que ha verbalizado su miedo en reiteradas ocasiones, ha sido obligado a regresar con la persona a la que acusa de violencia.

Los mecanismos judiciales, nacionales e internacionales, no pueden fallar de esta forma tan grave. No puede mantenerse una custodia en exclusiva si hay pendiente un proceso penal por malos tratos hacia ese mismo menor. Como mínimo, el interés superior del niño exige que se espere a la resolución judicial antes de ejecutar cualquier medida irreversible como es su traslado. Obligar a un niño a cruzar fronteras para volver con su presunto agresor no es protegerle: es desprotegerle.

Lamentamos, además, la exposición mediática a la que ha sido sometido Daniel en estos días. Ver a un menor escoltado entre cámaras, gritando que no quiere irse con su padre, mientras se lleva a cabo una entrega judicial, es el reflejo de un sistema que ha olvidado a quién debe proteger. El interés del menor no puede convertirse en una consigna vacía: debe guiar cada decisión.

Como trabajadoras sociales, nos sentimos interpeladas. Recordamos que los derechos de la infancia están por encima de cualquier formalismo. El sufrimiento del niño debería haber sido razón suficiente para frenar el procedimiento, al menos hasta que las acusaciones penales contra el progenitor se esclarezcan. Porque si la justicia no protege a la infancia, no puede considerarse justicia.