Ayer entró en vigor el nuevo reglamento de extranjería. Hoy, el discurso mayoritario en los medios y en muchos sectores políticos celebra que “por fin” se facilitará la regularización de las personas migrantes que “necesita” el mercado de trabajo. El mismo mercado que lleva años explotando, descartando y negando derechos básicos a miles de personas por no tener papeles. Ahora, de repente, se alaba su presencia porque hacen falta manos para recoger fruta, limpiar hoteles o cuidar a mayores.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada no podemos dejar pasar esta deriva. Defender derechos no puede depender de la rentabilidad que alguien le saque a una vida. Las personas migrantes no valen sólo por lo que trabajan. No se puede seguir subordinando la dignidad de miles de personas a los vaivenes del PIB, las necesidades del empresariado o los intereses de una mayoría blanca.
El trabajo social defiende los derechos humanos, no la lógica utilitarista. Estamos a favor de una ley de extranjería justa y garantista, que respete la dignidad de todas las personas, independientemente de su origen o situación administrativa. No queremos leyes que regularicen a las personas sólo cuando hacen falta. Queremos políticas que reparen, que acojan, que reconozcan.
Las migraciones no son un problema. El problema es cómo las tratamos.
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