Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada manifestamos nuestro rechazo absoluto a la ejecución judicial que obliga al hijo menor de Juana Rivas, de sólo once años, a regresar a Italia con su padre, pese a su voluntad expresa de quedarse en España y al temor que ha trasladado a instituciones del Estado.
Esta resolución no solo ignora la petición de auxilio del menor -que ha llegado a pedir ayuda a la propia ministra de Infancia-, sino que pisotea sus derechos fundamentales, empezando por el derecho a ser escuchado. Lo que estamos presenciando es un caso flagrante de violencia institucional machista, en el que se vuelve a dar prioridad al procedimiento sobre la protección de la infancia.
La justicia no puede ser ciega al sufrimiento. El trabajo social, como disciplina y como compromiso ético, tiene claro que el interés superior del menor debe prevalecer siempre. Así lo recogen diversos tratados internacionales y nuestra propia legislación estatal. No hay garantías, ni protección, ni escucha real cuando un menor suplica quedarse y las instituciones miran hacia otro lado.
Desde el Colegio exigimos a las autoridades responsables que detengan la ejecución de esta entrega, evalúen de forma urgente el entorno de protección del niño y cumplan con su deber legal de velar por su seguridad y bienestar. No hacerlo es fallar como sociedad y como sistema.
Proteger a la infancia es un mandato. No hacerlo es violencia.
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