El sistema de valoración de la dependencia en España sigue sin adaptarse a las realidades específicas de las personas con trastornos mentales graves. Se trata de una discriminación institucional persistente, reconocida por trabajadoras sociales, psiquiatras y equipos profesionales de salud mental.
La normativa vigente evalúa la autonomía en función de la capacidad de una persona para ejecutar tareas básicas: vestirse, alimentarse, moverse… Pero no contempla cómo ni cuándo puede hacerlo, ni si necesita que otra persona le guíe para iniciar o mantener esas rutinas. Es decir, se mide si alguien puede ducharse, no si es capaz de organizar su día para hacerlo.
Este modelo arrastra consecuencias graves: muchas personas con trastorno mental severo quedan excluidas de los recursos públicos al no alcanzar el grado 3 de dependencia. Esto les cierra la puerta a plazas residenciales, apoyos estables o servicios profesionales continuados.
Se trata de una trampa burocrática que niega la realidad del sufrimiento psicosocial, y que solo puede entenderse desde una lógica económica: si se reconocieran todos los casos reales, se necesitarían más recursos. Pero no es admisible que se oculte la necesidad para recortar la respuesta.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada denunciamos esta situación y seguiremos exigiendo un modelo de valoración adaptado, justo y con perspectiva psicosocial.
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