Cuando se habla del colapso del sistema de protección internacional, suele hablarse de retrasos administrativos, de falta de plazas o de personas migrantes sin acceso a derechos. Pero hay una dimensión que se invisibiliza demasiado: quienes acompañan estos procesos desde dentro, quienes sostienen los recursos y hacen posible el acceso a la protección, también lo hacen desde la precariedad.
El sistema de acogida está, en su mayoría, externalizado. Aunque cumple funciones públicas esenciales, como el acompañamiento a personas solicitantes de asilo, se gestiona a través de entidades del tercer sector, ONG y empresas. Esa privatización de lo público tiene consecuencias. Porque lo que debería ser un espacio estable, con personal formado, bien remunerado y con medios, se convierte en una red frágil sostenida por profesionales altamente cualificadas… pero sometidas a condiciones laborales cada vez más precarias.
Las trabajadoras sociales que atienden en estos dispositivos deben tener conocimientos específicos en extranjería, género, salud mental, protección a víctimas de trata o violencias múltiples. Se les exige una especialización enorme, una sensibilidad profunda y una disponibilidad total. Y sin embargo, muchas veces trabajan bajo contratos temporales, en estructuras mal financiadas y con ratios imposibles. Esta precarización no es neutra: es una violencia estructural que termina afectando a la calidad de los recursos que se ofrecen a las personas solicitantes de asilo.
La apuesta creciente por macrocentros, por la licitación de servicios a bajo coste, por subcontratas que priman la cantidad sobre el acompañamiento de calidad, no sólo tiene un impacto en la profesionalización del sistema. Tiene un coste humano. Cuando una profesional tiene que atender a decenas de casos a la vez sin medios suficientes, es el propio derecho a la protección internacional el que se degrada.
Por eso, hablar de derechos en el contexto migratorio implica también hablar de las condiciones laborales de quienes los garantizan. No se puede ofrecer una atención digna si las profesionales trabajan bajo el miedo al despido, el agotamiento o el abandono institucional. Reivindicar derechos para las personas migrantes también es reivindicar condiciones dignas para quienes sostienen esos derechos desde el trabajo social.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada, exigimos que se ponga fin a esta privatización encubierta, que se refuerce con financiación pública estable el sistema de acogida y que se reconozca la labor altamente especializada de las trabajadoras sociales. No habrá protección real si no cuidamos también a quienes cuidan.
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