El Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada expresa su preocupación y rechazo ante el cese de trabajadoras sociales de los servicios de dependencia del Ayuntamiento de Granada, así como de personal administrativo vinculado a estos programas.
No se trata de un hecho puntual ni imprevisible. Es una situación que se repite año tras año y que somete a las profesionales de los servicios sociales a una precariedad estructural incompatible con una atención pública digna y continuada.
La pérdida de trabajadoras sociales y de personal administrativo tiene un impacto directo sobre la ciudadanía: ralentiza trámites, incrementa la carga burocrática y reduce el tiempo y la calidad de la intervención social. Cuando no existen apoyos administrativos suficientes, las trabajadoras sociales se ven obligadas a asumir tareas que no les corresponden, alejándose de su función principal.
Los programas de dependencia y servicios sociales llevan años funcionando en el Ayuntamiento de Granada. Es conocido que la Intervención municipal exige la acreditación previa de financiación por parte de la Junta de Andalucía para autorizar las contrataciones. Que a finales de diciembre las profesionales sigan sin saber si continuarán trabajando evidencia una falta de planificación inadmisible.
La coordinación entre instituciones no puede improvisarse en los últimos días del año. Comunicar ceses para “volver a contratar” genera incertidumbre, desgaste y una forma de maltrato laboral que no puede normalizarse.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada reclamamos planificación con plazos suficientes, coordinación real entre administraciones, estabilidad laboral para las profesionales y refuerzo del personal administrativo como condición imprescindible para una intervención social de calidad.
Cuidar los servicios sociales empieza por cuidar a quienes los sostienen. La dependencia no puede seguir siendo la diana de la mala gestión.
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