Lo ocurrido en la calle Arandas no puede normalizarse. En la madrugada del pasado 6 de enero, 26 personas en situación de calle fueron desalojadas tras un incendio y se quedaron, de nuevo, sin alternativa habitacional a la que acudir. En plena noche, con frío y lluvia.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada denunciamos que una situación así no puede volver a repetirse. No es aceptable que, ante una emergencia de este calibre, la única respuesta posible sea devolver a las personas a la calle. Eso no es protección, es desamparo institucional.
La vulnerabilidad no es sólo no tener una vivienda. La vulnerabilidad también es que no existan recursos suficientes, accesibles y operativos cuando más se necesitan. Es no contar con plazas de emergencia, con dispositivos flexibles, con respuestas coordinadas que pongan en el centro los derechos y la seguridad de las personas.
Granada debe contar con recursos de sobra para atender a las personas en situación de calle, especialmente en contextos de riesgo. Y esta realidad no se limita a la capital. En el conjunto de la provincia, los recursos son igualmente escasos, fragmentados y claramente insuficientes para dar una respuesta digna y continuada.
Las políticas sociales no pueden basarse en la improvisación ni en la gestión puntual de crisis. Hablamos de derechos humanos, de planificación, de responsabilidad pública y de voluntad política. Cuando no hay alternativas, lo que falla no es la persona, fallan los sistemas de protección.
Desde el trabajo social insistimos: ninguna emergencia puede resolverse dejando a las personas sin opciones. Garantizar recursos suficientes no es una aspiración, es una obligación.
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