Respaldamos a las compañeras del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Granada

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada queremos expresar nuestro firme respaldo y reconocimiento a las profesionales del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, que han alzado la voz en un momento especialmente delicado para defender la dignidad de su labor y el derecho de las mujeres a ser protegidas sin interferencias políticas ni presiones institucionales.

Rechazamos cualquier instrumentalización de este servicio público fundamental, especialmente cuando se trata de desviar la atención sobre la falta de medidas efectivas frente a un presunto caso de violencia machista. Las profesionales del Servicio de Igualdad sostienen su labor desde el compromiso, la formación y la ética, y merecen todo el apoyo de las instituciones y de la sociedad.

Reproducimos a continuación el comunicado que han hecho público:

Ante las informaciones públicas que están apareciendo en distintos medios sobre el presunto caso de violencia de género en el que está implicado un miembro de la Policía Local y ante las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Granada, de las que solo tenemos conocimiento a través de la prensa, el equipo de profesionales firmantes que integramos el Servicio de Igualdad manifestamos que:

Queremos reiterar nuestro compromiso con los derechos de las víctimas de violencia de género.

Queremos evitar cualquier intento de instrumentalización política de nuestra labor profesional, especialmente cuando tenga la finalidad de desviar la atención sobre la falta de medidas decisivas con respecto al presunto maltratador y que estén realmente orientadas a proteger a la víctima.

Insistimos en la obligación del Ayuntamiento de Granada de mantener un compromiso público y una imagen institucional de tolerancia cero ante la violencia de género, tal y como establece el ordenamiento jurídico vigente en esta materia.

Consideramos que el Ayuntamiento de Granada debería contar con instrumentos y protocolos que permitan restringir las funciones y tareas de los empleados públicos sobre los que existan indicios suficientes de ser presuntamente agresores machistas, especialmente cuando el desempeño de estas funciones pueda utilizarse para poner en riesgo a la víctima.

Nuestro deber, responsabilidad y lealtad como empleadas públicas está con las víctimas de violencia de género y su protección, a ellas les dedicamos nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, sin fisuras, sin grises y sin dudas.