El trabajo social sanitario cumple una función esencial en el sistema público de salud: intervenir desde una perspectiva social, comunitaria y de derechos en los procesos de enfermedad, prevención y recuperación. Sin embargo, esta labor continúa desarrollándose en un marco de gran fragilidad estructural: sin normativa específica, sin respaldo institucional real y sin una coordinación estable que articule su labor con garantías.
En la provincia de Granada no existe una coordinadora provincial de trabajo social sanitario. Aunque esa figura está contemplada -y de hecho, las plazas están creadas-, no se han convocado, y el funcionamiento actual depende del esfuerzo voluntario de profesionales que asumen responsabilidades de referencia sin cobertura oficial, sin reconocimiento y sin tiempo asignado. En la práctica, son las propias trabajadoras sociales quienes sostienen espacios de coordinación entre distritos y centros, muchas veces restando tiempo a su ya sobrecargada labor asistencial.
Esta falta de estructura no es solo una cuestión organizativa: afecta directamente a la calidad del servicio y a la garantía de derechos de la ciudadanía. La inexistencia de canales formales de coordinación sociosanitaria dificulta la comunicación entre sistemas, retrasa derivaciones clave y debilita la respuesta ante situaciones complejas. A todo ello se suma la carencia de una normativa clara que defina funciones, competencias y criterios homogéneos de actuación para el trabajo social en salud.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada insistimos en que no se puede seguir sosteniendo este pilar del sistema con parches ni con buena voluntad individual. Es urgente impulsar una estructura estable de coordinación sociosanitaria, dotada de recursos, personal y capacidad de decisión.
Reforzar el trabajo social sanitario no es un asunto técnico, sino una apuesta política por un modelo de salud integral, digno y centrado en las personas.
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