Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada queremos expresar públicamente nuestro profundo malestar y preocupación ante la ejecución de la orden de entrega del hijo menor de Juana Rivas a su progenitor, que sigue en vigor, un hombre procesado por presuntos malos tratos hacia sus propios hijos. Nos duele. Nos desgarra. Porque, como trabajadoras sociales, no podemos quedarnos calladas ante una situación que pone en juego algo tan básico como la protección de la infancia.
La decisión judicial que obliga al menor a regresar a Italia, ignorando su arraigo, su voluntad y su testimonio, pasa por alto el principio más elemental que debe regir cualquier actuación con niñas y niños: el interés superior del menor. Ese principio no puede ser papel mojado. No puede estar supeditado a tecnicismos legales, a formalismos internacionales o a la inercia de los procedimientos. Y, desde luego, no puede ceder ante discursos que siguen considerando aceptable que quien ha maltratado pueda ejercer su paternidad sin consecuencias.
Un maltratador nunca es un buen padre. Nunca. Por eso, la violencia institucional no se da solo cuando se vulneran los derechos de las mujeres, sino también -y de forma devastadora- cuando se fuerza a niños y niñas a convivir con quienes las han hecho sufrir. Nos negamos a ser cómplices del silencio, de la indiferencia o del cumplimiento ciego de órdenes que no protegen. Este no es un caso aislado: es el reflejo de una cadena de decisiones que siguen fallando a quienes más deberíamos cuidar.
Ya lo advirtió en su momento la presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW): Europa ha fallado en proteger a las niñas y niños frente a la violencia vicaria. Su directiva sobre violencia de género ignoró de forma evidente el impacto que esta tiene sobre la infancia. Lo que ahora ocurre en Granada es una muestra más de esa carencia estructural, de esa falta de perspectiva infantil en los mecanismos judiciales. Y nos interpela porque la infancia no puede seguir siendo la última en ser escuchada. Porque esta criatura merece algo mejor que el abandono institucional.
Como profesionales del trabajo social, nos sentimos en la obligación ética de denunciarlo. Y de alzar la voz por Daniel, por su hermano Gabriel, por su madre Juana y por todas las criaturas que siguen sufriendo en silencio las consecuencias de un sistema que no sabe -o no quiere- protegerlas. Porque proteger a la infancia no puede ser un lema: tiene que ser un compromiso. Aquí y ahora.
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